ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2026: UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL
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Contexto
El pasado 6 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, con 355 votos a favor y 132 en contra. El monto total aprobado asciende a $11,746,796 millones de pesos, lo que representa un incremento del 9% respecto al ejercicio 2025. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el 14.4% de los ingresos públicos (1.47 billones de pesos) provendrá de endeudamiento, una proporción históricamente alta que refuerza el carácter expansivo del presupuesto.
Un presupuesto ambientalmente marginal
En materia ambiental, el Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” representa apenas el 0.38% del gasto total, equivalente a $4,064.07 millones de pesos, cifra que implica una reducción real del 0.69% respecto al año anterior. Esta tendencia confirma la debilidad estructural del financiamiento ambiental en México, que desde hace más de una década se mantiene por debajo del 1% del gasto federal.
Mientras tanto, los rubros más favorecidos del PEF 2026 son las aportaciones a la seguridad social (13.1%), el Instituto Mexicano del Seguro Social (13.5%), y las aportaciones a entidades federativas y municipios (12.4%), lo que evidencia la prioridad gubernamental en políticas sociales y de transferencias, más que en protección ambiental o infraestructura verde.
Distribución del gasto ambiental
Del total asignado al Ramo 16, el 83.2% corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con un presupuesto de $26,689 millones de pesos, lo que significa una reducción de 1.16% respecto al año previo. Le siguen la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con $2,589 millones de pesos (5.88%), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con $1,002 millones (2.27%).
El caso de la CONANP es especialmente crítico: el presupuesto asignado equivale a solo $10.2 pesos por hectárea de área natural protegida, lo que limita severamente las capacidades de vigilancia, restauración y manejo comunitario de los territorios más biodiversos del país.
Infraestructura hídrica y gasto físico
Un aspecto notable del PEF 2026 es el incremento en la inversión física y obra pública, que representa el 47.12% del gasto ambiental, una cifra significativamente mayor al 15% observado en 2025. De ese monto, el 89% se destinará a la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, reflejando un enfoque predominantemente en obras hidráulicas e infraestructura energética más que en conservación o adaptación climática.
En el caso de CONAGUA, el 56.6% de su presupuesto se orientará a inversión física, mientras que el resto se canalizará a gasto corriente y subsidios. Este énfasis en infraestructura puede leerse como una oportunidad para mejorar el acceso y la eficiencia en el uso del agua, pero también plantea dudas sobre la sostenibilidad de las obras y la incorporación de criterios ambientales en su diseño y ejecución.
Organismos con recursos limitados
Otros organismos ambientales permanecen en una situación de fragilidad presupuestal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) recibirá apenas $827 millones de pesos, equivalentes al 1.88% del presupuesto del sector ambiental y con una reducción del 1.4% respecto al año anterior. Cabe destacar que el presupuesto de PROFEPA ha sufrido recortes constantes en los últimos años, debilitando su capacidad para ejercer funciones de inspección y vigilancia ambiental.
Reflexión Final
El PEF 2026 confirma la persistente subordinación del medio ambiente dentro de las prioridades nacionales. Aunque la inversión física muestra un repunte, el enfoque continúa centrado en infraestructura tradicional más que en soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia climática o restauración ecológica. La política ambiental mexicana enfrenta así un doble desafío: operar con recursos limitados y al mismo tiempo responder a una crisis climática y de biodiversidad cada vez más urgente.




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