BUENAVISTA DE COBRE DE CARA A LA REFORMA MINERA

De cara a la sonada reforma de la Ley Minera, diversos casos de conflictos socioambientales de la minería en México han vuelto a cobrar una especial relevancia en la agenda pública y mediática.

Tal es el caso de la mina Buenavista del Cobre en Sonora, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo.

El conflicto alrededor de esta mina se remonta al año 2014, cuando Buenavista del Cobre fue responsable de un derrame de más de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, denominado como uno de los peores desastres ambientales en la historia de la minería en México.

Este derrame provocó grandes afectaciones al medio ambiente y la contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, resultando en la clausura de más de 200 pozos, privando a varias comunidades de su acceso a agua de calidad. Además, afectó la salud de más de 22 mil habitantes, encontrando plomo en 95% de la población, cadmio en el 79% y arsénico en 50% de los habitantes de la región, superando los niveles saludables aceptados por el gobierno mexicano y la Organización Mundial de la Salud.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2022) estimó el costo económico del impacto ambiental en más de $10,200 millones de pesos, considerando las limitaciones del acceso al agua, las pérdidas económicas en la producción agropecuaria y en otros sectores de la economía, daños en la salud física y mental de la población, daños en suelos y vegetación, y desembolsos realizados por el sector ambiental federal.

En contraste, en su momento la minera tan sólo recibió una multa de $23.5 millones de pesos y fue obligado a aportar un monto de $1,233 millones de pesos en el Fideicomiso Río Sonora en pro de un plan de remediación y control de daños.

Sin embargo, en el año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considero que dicho Fideicomiso omitió seguir lo acordado, fallando como mecanismo de remediación, y años antes la SCJN reconoció el derecho a participar de la comunidad en materia medioambiental con relación a esta mina.

Después de casi una década de batallas legales y administrativas entre los colectivos sociales de las personas afectadas, las instituciones ambientales federales y la minera, esta sigue ampliando sus operaciones en la localidad. Actualmente la minera ha construido una nueva presa de jales sin omitiendo los lineamientos de participación establecidos por la SCJN.

En los últimos meses, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Sonora reabrió el juicio sobre la operación de la presa de jales en favor de las comunidades afectadas, por lo que en los próximos meses se espera gran movimiento administrativo en la materia. Estará por verse la eficiencia de los mecanismos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las medidas de reducción de daños y compensaciones ambientales en este sentido.

En tanto, ¿Qué esperamos de la reforma minera? Ante panoramas como el de Buenavista de Cobre, y a pesar de los potenciales impactos económicos para las empresas mineras, la reducción de plazos de concesión establecido en la reforma de la ley minera parece un acierto en pro de la justicia ambiental y la salud de las comunidades. Lo anterior, como herramienta estratégica para acotar los plazos de operación de las minas.

La reforma a la Ley Minera ha sacudido al sector, por lo que se prevén cambios paradigmáticos en la gestión de minas en México, incluyendo el caso de la mina Buenavista de Cobre.