EL ACUERDO DE ESCAZÚ

¿Qué es?

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental latinoamericano, ratificado por México en abril 2021. Este acuerdo es jurídicamente vinculante y compromete a México en materia ambiental y de derechos humanos. En este acuerdo se establecen las bases y lineamientos para construir entornos seguros y justos para la democracia ambiental.

Este acuerdo, obliga a las partes a impulsar la protección de activistas, construir mecanismos de participación ciudadana, y salvaguardar los derechos de la democracia ambiental. Así, se busca atender la democracia ambiental desde los siguientes frentes:

• Acceso a la información

• Justicia Ambiental

• Participación ciudadana

• Defensa a activistas ambientales

• Fortalecimiento jurídico e institucional

Este acuerdo es también un tratado de derechos humanos, en el que se asegura el compromiso por proteger el derecho a un medio ambiente sano, establecido en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Además, establece la creación y funcionamiento de TRIBUNALES AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, los cuales revolucionarán la vigilancia ambiental en la lucha por la protección al medio ambiente.

Retos de la implementación en México

El Acuerdo de Escazú resulta ser una potente herramienta para hacer camino en materia de democracia ambiental y defensa de la salud e integridad del medio ambiente. Es urgente para México, el segundo país con más asesinatos a activistas ambientales establecer mecanismos para proteger la vida de ambientalistas, defender los derechos humanos y acelerar la justicia ambiental.

La correcta implementación de los mecanismos de este acuerdo podrá dotar de mecanismos y esquemas para virar el rumbo del país en materia ambiental. Sin embargo, para asegurar la efectividad del acuerdo, es indispensable la actualización de marco legal, que integre y contemple los ejes establecidos en el acuerdo. Además, urge un fortalecimiento institucional que asegure el cumplimiento del acuerdo y permita la correcta ejecución de los tribunales ambientales especializados.

Además, ante la decreciente tendencia del presupuesto designado a asuntos ambientales, cobra especial relevancia la asignación de presupuesto para la implementación de los mecanismos institucionales, jurídicos, financieros y de participación ciudadana establecidos en el acuerdo.

Para ello, resulta elemental asegurar la coordinación institucional entre los diferentes poderes y los diferentes niveles de gobierno, así como una coordinación sectorial entre el sector público, privado, sociedad y academia.